Año 6, número 14
H. Puebla de Zaragoza a 22 de julio de 2003

Fin a la impunidad,

reclamo de los universitarios 

Por Francisco Humberto Sotelo Mendoza

El rector Enrique Doger Guerrero e Ignacio Carrillo Prieto, titular de una instancia para esclarecer los hechos de la etapa llamada guerra sucia.

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no de los principales reclamos que ha enarbolado la sociedad mexicana en las últimas décadas es el esclarecimiento de los crímenes políticos y sociales que se perpetraron en el pasado reciente: nos referimos, en particular, a hechos tales como la masacre del dos de octubre de 1968, a la matanza del 10 de junio de 1971, y a la feroz represión —conocida en nuestros días como "la guerra sucia"— que desencadenó el gobierno federal en la década de los setenta contra los movimientos que luchaban contra el autoritarismo del régimen, que en esa época se caracterizaba por el tratamiento policiaco a los problemas sociales, y en general por su intolerancia hacia todos aquellos individuos y organizaciones que osaban defender las libertades políticas y los derechos y reivindicaciones de las clases trabajadoras.

En contrapunto a la acción represiva del gobierno federal, por esos mismos años diversos gobiernos estatales —de consuno con los sectores más retardatarios de la iniciativa privada— se propusieron aplastar a los movimientos políticos y sociales que habían surgido en sus entidades como respuesta a la crisis económica que padecía la nación en esa etapa, y también como reacción ante el autoritarismo de las clases en el poder. Tales movimientos se presentaron en la mayoría de los estados de la república, sobresaliendo al respecto los de Guerrero, Puebla y Sinaloa, tanto por su mayor grado de organización y de cohesión, así como por la fiereza encarnizada con que fueron combatidos por las "fuerzas vivas" de sus entidades, y recurrimos a esta expresión porque —tal como lo puso de relieve la experiencia de Puebla— los responsables de la violencia no fueron solamente los sectores gubernamentales, sino también diversos sectores de la sociedad civil, en particular los grupos más retardatarios de la iniciativa privada y del clero católico, y toda una constelación de asociaciones y personalidades vinculadas a los mismos.

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El presidente Vicente Fox impulsor de la Fiscalia Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado

Y hacemos esta precisión porque en nuestros días está de moda la tendencia que concibe que el principal protagonista de la citada "guerra sucia" fue el gobierno federal. Ciertamente éste recurrió de manera abierta a sus principales aparatos represivos, tal como lo pusieron de relieve las matanzas del 2 de octubre de 1968 y del 10 de junio de 1971, pero no menos verdad es que también los grupos más recalcitrantes de la iniciativa privada desempeñaron un papel decisivo en la ofensiva desatada contra los movimientos democráticos, hecho que se suscitó principalmente en entidades como Puebla, en donde tales grupos ejercían una gran influencia en el gobierno, a un grado tal que eran los verdaderos "mandamases" del mismo, por más que intentaran presentarse ante la sociedad como "fuerzas independientes". En la época de referencia los grupos hegemónicos del sector privado poblano y el gobierno estatal actuaban como un verdadero tándem, o mejor dicho como un solo hombre, convirtiendo de ese modo al aparato estatal en un instrumento a su servicio. Esta "santa alianza" condujo al asesinato de los destacados líderes universitarios Joel Arriaga Navarro —en julio de 1972—, Enrique Cabrera Barroso—en diciembre de este mismo año—, del estudiante Josaphat Tenorio Pacheco —en febrero de 1973—, y de cuatro jóvenes universitarios el primero de mayo de este año.

En este lugar, por cuestiones de espacio, no describiremos el infierno que vivió Puebla en esa etapa: esto ya le hemos hecho en otros trabajos del Archivo Histórico Universitario. Nada más nos limitaremos a recordar que en esa ofensiva contra el movimiento democrático universitario-popular jugaron un papel destacado organizaciones como la Asamblea de Barrios y Colonias, la Unión Estatal de Padres de Familia, el Comité Coordinador de la Ciudadanía Poblana, el Instituto de Investigaciones Motolinía, y organizaciones pandilleriles como el Grupo Náhuatl y el Frente Universitario Anticomunista (FUA). Es de subrayar que no pocos de los principales líderes de esta última organización encabezan en la actualidad el Ayuntamiento de Puebla, y algunas de las principales dependencias del gobierno federal. Hemos mencionado solo a las organizaciones más sobresalientes, porque la mención de todas las que participaron en la ofensiva contra la UAP y el movimiento democrático popular nos llevaría, reiteramos, a ocupar más espacio del que disponemos.

Han pasado treinta años y aún no se han esclarecido los crímenes que en esa etapa perpetraron el gobierno del Estado —encabezado en ese entonces por Bautista O’Farril— y las organizaciones de referencia. Tanto los autores intelectuales como materiales de los mismos continúan gozando de impunidad.

Sin embargo, todo parece indicar que en nuestros días existen condiciones para cristalizar el anhelo de justicia que demandan desde hace décadas los universitarios poblanos, y desde luego los familiares de las víctimas.

La Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado

Joel Arriaga Navarro.

Como es del conocimiento público, a mediados de 2002 el presidente Fox impulsó la creación de una instancia que se diese a la tarea de investigar y esclarecer los crímenes políticos perpetrados en décadas anteriores, a la que se le dio el nombre de Fiscalía Especial para los Movimientos Políticos y Sociales del pasado.

Sin dejar de reconocer el mérito que le corresponde al primer mandatario por tal iniciativa, es de subrayar que la misma fue un resultado del clamor nacional a que hicimos referencia en párrafos anteriores, el cual fue soslayado durante muchos años por los gobiernos precedentes.

Una vez aprobada la Fiscalía, el presidente decidió nombrar como titular de la misma a un destacado profesionista y académico, esto es, el licenciado Ignacio Carrillo Prieto, quien a pocos meses de su nombramiento fue invitado a nuestra institución por el rector Enrique Doger Guerrero con el objeto de que le hablase a la comunidad universitaria acerca de los alcances, trascendencia y sustento de las tareas que le fueron encomendadas y, desde luego, para conocer qué disposiciones tomaría la Fiscalía para esclarecer los asesinatos de los universitarios poblanos arriba mencionados.

El acto se llevó a cabo en el salón de Proyecciones del edificio Carolino, el 10 de junio de 2002.

Entre los párrafos más interesantes de su discurso sobresalen los siguientes: "Es necesario —subrayó— que en este México democrático los actos políticos y los actos de gobierno no sean eximidos nunca de la legalidad que los sustenta, ya que sin este elemento queda la fuerza desnuda, además que se ponen en evidencia los acuerdos cómplices y el reino de la mentira que ciegan la moralidad, la cual es y debe ser fuente primera del derecho...[ ]... La sociedad de hoy reclama con igual vigor que la historia de la patria, con luces y sombras, pueda ser leída sin censura por todos y para siempre...[ ]... La investigación y aplicación de la justicia, en los hechos sangrientos del pasado, es condición para reconstruir el futuro del país...[ ]... Hoy es posible interrogar y hacer que los archivos oficiales del gobierno entreguen su contenido para que los ciudadanos y especialistas, lejos de derechas e izquierdas, sepan qué es lo que quieren para las nuevas generaciones...[ ]... Cualquier conducta del pasado que hubiese atentado contra los derechos humanos hoy debe someterse no sólo a la investigación para conocer la realidad de los acontecimientos, sino también al escrutinio por parte de la justicia, que es una de las funciones del Estado y sus instituciones". 1

Enrique Cabrera Barroso.

Señaló, asimismo, que la Fiscalía incluye un Comité de Apoyo al Fiscal Especial, y otro interdisciplinario, encargado de determinar los criterios para una eventual reparación administrativa a las víctimas y ofendidos por los ilícitos perseguidos. El primero está integrado por destacados luchadores sociales, y personas especializadas en asuntos jurídicos. Está abierto a nuevas propuestas, para que otras personas se integren a él.

Y concluyó diciendo que el plan de trabajo de la Fiscalía contiene cinco programas a los que responden 64 acciones, que se desarrollan a través de tres ejes: el jurídico ministerial, el de cooperación y participación ciudadana, y el de investigación e información.

Durante el evento de marras, el rector de la BUAP, Enrique Doger Guerrero le recordó al Fiscal que la sociedad poblana —y sobre todo los universitarios— continúa reclamando el esclarecimiento de los crímenes de Joel Arriaga, Enrique Cabrera y Alfonso Calderón. Al respecto Carrillo Prieto informó "que se tienen elementos para poder dictar las diligencias ministeriales que sean necesarias, entre ellas es posible acordar las comparecencias de quien resulte necesario citar". Y añadió que "se han encontrado informes en el Archivo General de la Nación que dan nuevas luces sobre el conflicto de 1972 y 1973 en Puebla, donde se dieron los asesinatos de estos tres universitarios". 2

Josaphat Tenorio Pacheco.

Casi un año después de la presencia de Carrillo Prieto en nuestra institución, el rector Enrique Doger Guerrero fue invitado a integrarse al Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía Especial, en calidad de miembro activo, propuesta que aceptó con el propósito, como él mismo expresó en conferencia de prensa, de presionar para que se esclarezcan los crímenes de los universitarios poblanos perpetrados en los años de 1972 y 1973, y también, con el objeto de "coadyuvar a que se ejerza el estado de derecho, para que se conozca la verdad histórica, y para que se abra la posibilidad de que se haga justicia a los deudos, a las instituciones, y a quienes resultaron agraviados en esos lamentables sucesos". 3

Como puede verse, existen señales favorables para que la sociedad civil mexicana vea satisfechas sus ansias de justicia respecto a los crímenes que perpetraron en el pasado diversos actores gubernamentales y del sector privado.

Tal como se ha dicho hasta el cansancio, ninguna sociedad que aspire a la democracia puede lograr este objetivo si no logra enjuiciar y castigar a quienes la han agraviado, abusando del poder que ejercen, ora en la esfera pública, ora en la esfera privada.

Ahora bien, no pocas organizaciones y personalidades se formulan la siguiente pregunta: ¿está la Fiscalía realmente en posibilidades de ejercer su función hasta las últimas consecuencias?... ¿realmente está en condiciones de arrojar luz sobre los crímenes del pasado, y, en consecuencia, de coadyuvar a que sean castigados los responsables intelectuales y físicos de los mismos?

Si bien no ha desaparecido el entusiasmo que despertó la creación de dicha instancia, han comenzado a surgir algunas inquietudes y dudas acerca de los verdaderos alcances de la Fiscalía. Así, por ejemplo, en ocasión de su visita a Puebla a fines de mayo de este año, el general José Francisco Gallardo Rodríguez —quien ha destacado en la lucha por llevar la democracia al ejército mexicano— expresó que "la Fiscalía Especial para el Esclarecimiento de los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado sólo es un ‘maquillaje’ del gobierno federal para encubrir los asesinatos perpetrados en la guerra sucia". 4

Meses atrás Jesús Martín del Campo, uno de los integrantes del Comité 68 —integrado por ex líderes del movimiento estudiantil de 1968—que presentó ante la Procuraduría General de Justicia una demanda contra el ex presidente Luis Echeverría Álvarez, el ex regente de la ciudad de México Alfonso Martínez Domínguez, y 25 funcionarios más por el genocidio de Tlaltelolco (2 de octubre de 1968), expresó que la Fiscalía "no es más que una ventanilla abierta donde se acude a realizar un trámite. No confío demasiado en los procedimientos burocráticos. Pero sí tengo una convicción muy fuerte sobre la necesidad de que se acabe la impunidad". 5

A nuestro parecer es aún muy temprano para discernir acerca de los alcances de las funciones de la Fiscalía Especial. Pero de lo que sí estamos convencidos es que los esfuerzos de esta instancia —por más loables que sean— son insuficientes para cristalizar el anhelo de justicia de los mexicanos: se requiere, también, de la participación de la sociedad civil. En esta perspectiva resulta de gran trascendencia el desplegado que publicó a nivel nacional el H. Consejo Universitario de la BUAP el pasado 14 de junio, en el que aparte de exigirle a las autoridades estatales el esclarecimiento de los crímenes de los universitarios que fueron víctimas de la represión en los años setenta, solicita la cooperación de la Procuraduría General de Justicia del Estado con la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, "a fin de aumentar la eficacia en las indagaciones y procurar pronta justicia al reclamo de deudos y universitarios". 6

Sólo a través de este tipo de iniciativas, reiteramos, los mexicanos podremos contribuir a los esfuerzos que despliega la Fiscalía multicitada, enderezados a desahogar los agravios que sufrieron nuestros conciudadanos que fueron víctimas del despotismo gubernamental y de la intolerancia de los grupos reaccionarios en el pasado reciente.

Los universitarios poblanos, insistimos, deseamos que sean enjuiciados y castigados los funcionarios y autoridades que en la etapa mencionada abusaron de su poder desencadenando una violenta escalada represiva contra la UAP y el movimiento popular, empero también deseamos lo mismo para todos aquellos individuos y organizaciones de la derecha poblana que colaboraron con el gobierno en dicha escalada, convirtiéndose en no pocos aspectos en el factor decisivo de la misma.

La expresión "guerra sucia" es muy concisa en lo que se refiere a los métodos y recursos que usaron el gobierno y los grupos más reaccionarios para golpear a los movimientos democráticos: esto es, la violencia desde el poder, la utilización de grupos paramilitares, la instrumentalización de las instituciones de justicia, etc. Pero tal frase se torna ambigua cuando se intentan limitar los sujetos y/o actores de dicha escalada represiva a los ámbitos estatales: lo cierto es, reiteramos, que en la misma también intervinieron todo un cúmulo de organizaciones, grupos y fuerzas de la sociedad civil, situación que en nuestros días intenta pasarse por alto, tal vez por el hecho de que no pocos de sus miembros se encuentran hoy en el poder.

De ahí, pues, que se torne necesario precisar tal problemática, esto es, lo concerniente a los actores que participaron en la "guerra sucia".


1 Síntesis, 11 de julio de 2002.
2 Boletín diario de información de la BUAP, 12 de julio de 2002.
3 Síntesis, Sección Universitarios, 23 de mayo de 2003.
4 Síntesis, 28 de mayo de 2003.
5 La Jornada, 18 de julio de 2002.
6 Síntesis, 14 de junio de 2003.

 

¡Justicia! Demanda el Consejo Universitario de la BUAP

El 9 de mayo del presente año el Consejo Universitario acordó dirigirse a los gobiernos estatal y federal para reiterar su exigencia de justicia en torno a los acontecimientos de 1972 y 73 en los que fueron asesinados distinguidos miembros de la comunidad universitaria. El documento se transcribe en los párrafos sucesivos.

 

La nueva generación de estudiantes hacen suya la demanda del Consejo Universitario y votan para declarar al doctor Gonzalo Bautista O’Farril hijo indigno de la Universidad Autónoma de Puebla.

ace treinta años, el primero de mayo de 1973, la Universidad Autónoma de Puebla sufrió una brutal agresión armada por parte de miembros de los cuerpos de seguridad pública del gobierno estatal, encabezado entonces por el doctor Gonzalo Bautista O’Farril.

En ese atentado, cayeron asesinados a las puertas del edificio Carolino: Alfonso Calderón Moreno, catedrático de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata, Ignacio Enrique González Romano, alumno de la escuela de Ingeniería Química, Víctor Manuel Medina y Norberto Suárez Lara, estudiantes de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata; y otras tres personas más, no universitarios. Crímenes que hasta la fecha siguen impunes.

Esta agresión no fue producto de la casualidad, sino un intento por frenar un proyecto de compromiso social dae la Universidad con los sectores populares, que se abría paso en un entorno de violencia e intolerancia y manifiesto desprecio por los avances en la vida académica universitaria.

La respuesta de los universitarios fue firme y contundente, y en su sesión del 7 de mayo de 1973 el H. Consejo Universitario expuso lo siguiente: "Con la cobarde masacre realizada el primero de mayo por los francotiradores, el Gobierno del Estado ha desatado una represión sin precedentes con el propósito de provocar un enfrentamiento directo y total con la Universidad. Para realizar esta agresión, el Gobierno del Estado ha decidido abortar en forma definitiva el régimen de derecho e imponer un régimen dictatorial policiaco. La violencia sistemática de la legalidad que realiza el gobierno no es casual o producto de la actitud arbitraria de un gobernador. Este fenómeno obedece a un largo proceso histórico de entrelazamiento de intereses entre los gobernadores y la gran burguesía oligárquica poblana".

Asimismo, el H. Consejo Universitario, ante la pasividad cómplice de las autoridades y las agresiones reiteradas, acordó: "Declarar hijo indigno de la institución al doctor Gonzalo Bautista O’Farril y demandar el "castigo judicial a los responsables de la matanza del primero de mayo, así como también la exigencia del castigo a los responsables d elos crímenes anteriores de los que fueron víctimas el arquitecto Joel Arriaga Navarro, el estudiante Josaphat Tenorio Pacheco, y el profesor Enrique Cabrera Barroso".

Otro aspecto de la trascendental sesión del Consejo Universitario que demandó concluir las averiguaciones para el esclarecimiento de los crímenes cometidos en contra de universitarios.

Desde entonces, muchos universitarios han mantenido la exigencia de esclarecer los hechos violentos en contra de la Universidad Autónoma de Puebla, reclamo que se intentó apagar por el paso del tiempo.

De la misma manera, muchos universitarios y familiares de los deudos han señalado la existencia de omisiones y negligencia en las investigaciones de los dolorosos acontecimientos de ese primero de mayo, y de los asesinatos de 1972, lo que da pie a sospechar de un encubrimiento por interés político, es decir, al margen del derecho. Prueba de ello son las recomendaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en el sentido de que ha existido lentitud inexplicable en el proceso, ocasionando con ello notoria violación a los derechos de los deudos.

La ineficiencia mostrada por la Procuraduría General de Justicia del Estado parece expresar falta de voluntad para atender una de las demandas más sentidas de los universitarios en los últimos años: castigar a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes cometidos en agravio de integrantes de nuestra comunidad.

Los hechos violentos de que fueron víctima los universitarios poblanos forman parte de las condiciones políticas y sociales que vivía México en esa época. Por esa razón, el surgimiento de una sociedad que busca vivir en armonía resolviendo sus conflictos del pasado, obligó al gobierno de la república a reconocer la necesidad de investigar presuntos actos gubernamentales delictivos en contra de ciudadanos involucrados en movimientos sociales y políticos. En esa misma perspectiva, se ha insistido también en lo imprescindible que resulta el castigo a los autores intelectuales y materiales de los asesinatos cometidos contra aquellos universitarios que perdieron la vida en condiciones aún no esclarecidas.

Por todo lo anterior y debido a que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, consecuente con sus principios, siempre ha impulsado la construcción de una sociedad democrática y porque la impunidad alienta el delito al romper con la legalidad como garantía de convivencia pacífico y respeto al Estado de derecho, el pleno del H. Consejo Universitario, acordó por unanimidad:

1. Demandar al Ministerio Público concluir de inmediato las averiguaciones correspondientes para el esclarecimiento definitivo de los crímenes cometidos en contra de universitarios.

2. Exigir a la Procuraduría General de Justicia del Estado, el cumplimiento de las recomendaciones enviadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a fin de agilizar las indagatorias respectivas y castigar a los responsables intelectuales y materiales de los crímenes cometidos en 1972 y 1973, en agravio de académicos y estudiantes de neustra Institución.

3. Solicitar la cooperación de la Procuraduría General de Justicia del Estado con la Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, adscrita a la Procuraduría General de la República, a fin de aumentar la eficacia en las indagaciones y procurar pronta justicia al reclamo de deudos y universitarios.

"Pensar bien para vivir mejor"

Puebla de Zaragoza a 9 de mayo de 2003

La comisión redactora:

Dr. Roberto Hernández Oramas
Dr. Jaime Ornelas DelgadoDr. 
Dr. José Enrique Barradas Guevara
Fís. Benjamín Jaime Pérez R.Dr.
C. Mariana Enríquez GómezDr. 
Mtro. Guillermo Nares Rodríguez,
Secretario del H. Consejo Universitario

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